Tiene la 4T “Plan B” para dejar Guardia Nacional en la Sedena

Tras el palo que la Suprema Corte dio al gobierno al declarar inválido el traspaso operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y declarar que esta medida viola la Constitución, El gobierno, nos dicen, ha puesto en marcha un “Plan B” para evitar cumplir con este fallo. Como siempre, nos hacen ver, el diablo se encuentra en los detalles, y aunque el máximo tribunal ya determinó la inconstitucionalidad, ahora se ha desplegado una agresiva estrategia para que los efectos de este fallo no sean inmediatos. Nos detallan que varios ministros y ministras de la Corte están siendo presionados para que la sentencia entre en vigor en el mayor tiempo posible, de hecho, la pretensión es que surta efectos hasta que el presidente López Obrador deje el cargo, en unos 16 meses. Esta misma semana está previsto que las y los ministros discutan los efectos del fallo y entonces se podrá ver si las presiones sirvieron, y si el “Plan B” tuvo éxito.

A diferencia de las 40 personas que murieron en el incendio del centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, a las que nadie defendió, el jefe de este instituto ha recibido toda la protección de los legisladores de Morena, quienes han impedido que acuda a rendir cuentas ante el Poder Legislativo. A menos de dos semanas de que concluya el periodo ordinario de sesiones, nos dicen que en el Senado se quedarán con las ganas de la comparecencia del, increíblemente, aún titular del INM, Francisco Garduño, a quien la FGR abrió un proceso penal como uno de los responsables de la muerte de los 40 migrantes. Senadores de oposición aseguran que Garduño sigue contando con el manto protector de Palacio Nacional y de la mayoría de Morena por lo que ha sido más fácil que rinda declaración ante el Ministerio Público que dar la cara y acudir al Senado a dar explicaciones. La historia, nos hacen ver, pondrá en su lugar a quienes defendieron a un personaje que no defendió ni respetó los derechos humanos.

Resulta que a pesar de que el actual gobierno asegura que está haciendo una limpia profunda de corrupción, la Comisión Federal de Electricidad, que dirige Manuel Bartlett, recientemente dio un contrato por 174 millones de pesos para los “trabajos de modernización de los circuitos de media tensión de 15 Kv Línea 1 del STC Metro, Tramo 1–Sección 3 de la estación Salto del Agua”, a la empresa Sistindacema TMX, firma involucrada en la red de corrupción de la llamada “Estafa Maestra”, en la que participaron 11 empresas que esfumaron 7 mil 670 millones de pesos. Será que la autollamada Cuarta Transformación está poniendo en marcha la filosofía Juan Gabriel, esa que dice: “Ya lo pasado pasado/ no me interesa/ todo quedó en el ayer”.

Quizá muy pronto sus hijos podrán tener en sus escuelas el privilegio y la fortuna de escuchar al doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, hablar sobre el tema de las adicciones, pues don Hugo no solo es un experto en el manejo de pandemias. Ayer, al presidente López Obrador se le ocurrió, al ver la exposición del subsecretario en la mañanera explicando los efectos de las metanfetaminas, que se pudieran grabar todas sus intervenciones sobre este tema en las conferencias matutinas en Palacio Nacional, y que estas pudieran transmitirse en las aulas como parte de la campaña del gobierno federal en contra del consumo de drogas. Así que el éxito que López-Gatell logró para domar la pandemia, se podría repetir ahora deteniendo las adicciones.