El tema de la reforma judicial, parte de un paquete que incluye la transformación del INE y la Guardia Nacional, acaparan la atención de actores y observadores en esta trama. El golpe ya está dado. Mientras, la Corte alarga su agonía con una simplista campaña de publicidad. A destiempo, claro, porque siempre se vio arrogante y sin necesidad de conectar con la gente.
No es su culpa. Es de los mexicanos que se acostumbraron a ver a ministros y jueces como semidioses que nunca se dignaban a mirar de frente al pueblo. Su justicia, obviamente, va dirigida a los ricos, a ese famoso y clasista 1 por ciento de la población.
¿Y con esa reforma por fin se hará justicia a los pobres?
Difícilmente, prácticamente imposible.
Porque el verdadero problema es que en México no hay justicia para los pobres. Ahí donde los delitos son de robo simple, violencia intrafamiliar, desobligaciones conyugales, agresiones y delitos menores de todo tipo.
La falla está en las policías, ministerios públicos, fiscalías y tribunales locales.
¿Todo ese engranaje se transformará para bien de las clases jodidas?
No.
A nivel estatal esta reforma, de aterrizar a como viene planeando, dará más poder a los gobernadores, que mínimo pondrán a gente de su confianza en los juzgados federales. Es uno de los pocos contrapesos que tiene un gobernador. Y desaparecerá. El control será total. Ahora los jueces federales, electos gracias al apoyo de un gobernador, estará al servicio de ese uno por ciento. Y, claro, el más beneficiado será el gobernador o gobernadora de cada estado.
Ahora bien, no crea usted que este nuevo sistema judicial se transformará de la noche a la mañana. Para nada. Necesitará, al menos, unas tres décadas. Para muestra, un botón:
El nuevo sistema de justicia penal en México fue establecido en la reforma constitucional de 2008. Inició con un proceso de implementación gradual, que abarcaba un buen paquete, pero lo más importante era que los juicios serían orales a la vista de todas las personas interesadas y la posibilidad de que en delitos menores, donde el daño es reparable, la víctima y la persona imputada podrían encontrar opciones para una salida con “justicia alternativa”.
Después de 16 años las cosas siguen igual.
¿Por qué?
Por falta de capacitación, recursos e infraestructura inadecuada.
¿Y usted ha escuchado que la reforma al Poder Judicial viene acompañada con los recursos suficientes?
No.
Entonces, si en 16 años no han logrado cambiar una pequeña parte del sistema, ¿por qué ahora debemos pensar que todo cambiará para bien de todos los mexicanos, sobre todo para los pobres?
Demagogia plena.
Porque si no fuera demagogia, ¿por qué la reforma no incluye a la justicia militar?
¡Ah, verdad!
Lo cierto es que van por los miembros de la corte y jueces federales.
Lo demás puede esperar… tres décadas si es necesario. Y quizá más.