México cambió en el actual régimen. Y la transformación seguirá, aunque por necesidad habrá algunas variantes en la ruta marcada por la mente maestra por cuestiones de seguridad y margen de maniobra para él y los suyos. El poder militar estará en esas variantes. Y van desde un presidente de origen castrense hasta un golpe de estado.
Como todo tiene un comienzo, tenemos que esta semana el Poder Legislativo cambiará la Constitución para brindar a las fuerzas armadas el control de la seguridad pública. Y con facultades para investigar delitos.
Lo que vendrá después es aún incierto. Pero no se debe descartar una época de terror.
Para el ciudadano común no hay muchas herramientas para defenderse. Solo le queda dar una voz de alerta.
Bueno, vamos poniendo las cosas en contexto:
El presidente López Obrador, quien alguna vez criticó la militarización del país, ahora en las postrimerías de su mandato impulsa una reforma que podría cambiar el rumbo de la democracia mexicana.
Como la posibilidad de que un militar participe en las elecciones presidenciales.
Dicen que el control de los tres poderes es esencial para mantener el equilibrio en una nación. Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajando en armonía. Pero, ¿qué sucede cuando el poder militar comienza a incursionar en la esfera política?
La reciente reforma propuesta otorga facultades inéditas a las Fuerzas Armadas. No solo se les confieren tareas de seguridad nacional e interior, también se les permite participar en investigaciones penales y, lo más sorprendente, abre la puerta para que un militar pueda aspirar a la Presidencia con solo retirarse del servicio activo seis meses antes de la elección.
La historia latinoamericana nos ha enseñado que la intervención de militares en la política suele tener graves consecuencias.
Claudia Sheinbaum se enfrentará a un país en crisis y con unas Fuerzas Armadas empoderadas.
¿Podrá manejar esta nueva dinámica de poder?
En México, la militarización no ha resuelto los problemas de inseguridad y violencia. Por el contrario, ha aumentado las violaciones a los derechos humanos y la impunidad.
Las voces de alerta no se han hecho esperar. Organizaciones como Amnistía Internacional advierten sobre los riesgos para la democracia.
Ya estamos ante la posibilidad de que un militar ocupe la silla presidencial.
En tiempos donde la transparencia es más necesaria que nunca, fortalecer el poder militar es un paso en la dirección equivocada.
Todo será oculto bajo el pretexto de “seguridad nacional”.
El presidente acaba de proponer que funcionarios del SAT, Banxico, Pemex y CFE puedan portar armas de fuego.
Que peligroso un funcionario del SAT armado.
Quizá así sí pague el Tio Richie.
El Universal, hace unos días, solicitó información financiera y administrativa vía transparencia a Pemex sobre la refinería de Dos Bocas.
Petróleos Mexicanos clasificó todo como “confidencial total” y negaron la información. Consideran que su divulgación puede comprometer los intereses económicos del país.
Armados y ocultando información.
La militarización del país ha comenzado.