Empresarios pagarán por su tibieza
El Ejecutivo presentó a la Cámara de Diputados, de acuerdo con el diario ‘Reforma’, la eliminación de obstáculos legales a la voluntad presidencial en materia de obras públicas.
¿Quién es Andrés Manuel López Obrador?
Ayer se conoció el envío, de parte del Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, de un proyecto para modificar 23 leyes a fin de que el gobierno ya no pague indemnizaciones cuando determine la finalización de contratos de forma anticipada.
También pretende que sus proyectos prioritarios arranquen sin los permisos ni justificaciones legales a los que se encuentra obligado, hasta ahora.
Con su tibieza desde el arranque del sexenio, los dirigentes del sector privado le han dado el beneplácito a López Obrador para actuar conforme a su premisa de “no me vengan con que la ley es la ley”.
Mucho antes de ser jefe de Gobierno del Distrito Federal, López Obrador mostró su desdén por la legalidad. Ahora como Presidente de la República es un violador sistemático de la ley.
Los organismos empresariales se doblegaron ante él al arranque del gobierno y el país paga las consecuencias.
Ayer domingo se dio a conocer que el Presidente mandó un paquete de reformas para evitar las –para él– engorrosas justificaciones que debe dar cuando viola la ley.
Nada de justificar una obra antes de arrebatar propiedad privada para derechos de vía o expropiaciones en general.
El paquete de reformas entregado el 23 de marzo pasado elimina estudios ambientales, de factibilidad, proyecto ejecutivo y otras exigencias de ley para iniciar una obra del gobierno.
Se da por un hecho la infalibilidad presidencial.
Por tratarse de reformas a leyes y no a la Constitución, bastará con la aprobación por mayoría simple de parte del oficialismo en el Congreso para que el gobierno se salga con la suya.
Lo que el Ejecutivo presentó a la Cámara de Diputados, de acuerdo con lo informado ayer domingo en el diario Reforma, es la eliminación de obstáculos legales a la voluntad presidencial en materia de obras públicas.
Y los contratos, tanto para empresas nacionales y extranjeras, llevarán una cláusula que permite al gobierno darlos por terminados cuando lo desee, sin necesidad de pagar las indemnizaciones correspondientes.
Se oficializa el “no me vengan con que la ley es la ley”.
Otra estocada a la certeza para los inversionistas.
Las cúpulas empresariales se agacharon desde 2018 ante los atropellos de un violador de la ley en Palacio Nacional.
Aceptaron el ninguneo. Es lo que se merecen, a los ojos del poder presidencial.
Claro, ahí está la razón por la cual sus dirigentes no son insultados ni hostilizados en las conferencias mañaneras.
Los dicterios están reservados para los que dicen no. Y ellos dijeron sí.
Vengan los proyectos dispendiosos, sin pies ni cabeza, pagados –mayoritariamente– con el dinero que tributan las empresas.
Adelante con el Ejército en tareas de empresarios privados.
Y un largo etcétera que no ha merecido el reclamo firme de las cúpulas privadas.
Pusieron el destino de la actividad productiva que hace andar al país; es decir, la que realiza la empresa privada, en manos de un violador de la ley.
Ese es Andrés Manuel López Obrador, un violador sistemático de las reglas del Estado de derecho.
Lo sabían y lo dejaron hacer.
De acuerdo con el paquete de reformas, “salvo en los casos previstos en otras leyes, no procede el resarcimiento de daños o perjuicios cuando: la revocación o terminación anticipada se motive en hechos o actos de interés público, general o social, o en la preservación de los bienes comunes, o en la seguridad de las personas e instituciones nacionales”.
Para los casos en los que sea inevitable el pago de la indemnización, señala el proyecto, se ponen límites para impedir “reclamaciones fraudulentas (sic) o desproporcionadas (sic) en contra del Estado mexicano, tanto en instancias mexicanas como extranjeras”, señala la reforma a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.
Con lo que sería la reformada Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, para los proyectos de “notoria y urgente necesidad para el desarrollo social y económico del país y los relacionados con la defensa y seguridad nacionales”, se dispensan los permisos legales correspondientes.
“Dictámenes, permisos, licencias, derechos de propiedad e incluso derechos de vía y expropiaciones de inmuebles podrán gestionarse por la dependencia o entidad paraestatal de que se trate, de manera simultánea al inicio de la obra”.
Los organismos representantes de los empresarios se empequeñecieron ante un violador de la ley.
Y así los tratan, en perjuicio de sus afiliados y del interés superior de la nación.